Políticos de todos los partidos que pidieron el voto al ciudadano para ocupar un cargo público, o funcionarios que fueron designados dentro de la administración pública de los tres niveles de Gobierno, “tiran a la basura” sus puestos para buscar otros y se aprestan a salir a las calles para pedir, de nueva cuenta, el voto que los confirme como “chapulines” de la política.
Por la ambición de un sexenio en el Senado de la República, Aarón
Irízar López dejó la diputación federal que sí quiso su suplente Reyna
Araceli Tirado Gálvez, quien sin pensarlo dos veces dejó la regiduría en
el Cabildo de Culiacán. Héctor Melesio Cuen Ojeda por su parte
despreció seguir siendo alcalde de la capital sinaloense para buscar una
curul en el Senado y en su lugar quedó interino quien fuera síndico
procurador, solo para darle paso a Aarón Rivas Loaiza, quien abandonó la
diputación local que tenía “para cumplir su sueño” de ser presidente
municipal.
Ejemplos de estos “servidores públicos”, mejor conocidos como
“políticos chapulines” por saltar de un cargo a otro sin concluirlos, se
reeditan cada elección no solo en Sinaloa, sino en todo el país, y
constituyen un mal epidémico de la clase política mexicana, que a decir
de estudiosos en la materia, ha venido a consolidarse una vez que el
régimen priista comenzó a debilitarse y dio paso a la alternancia.
Debido a la escasez moral y ética en la política, nadie se ha
decidido a abanderar más allá de la declaración una iniciativa que
reforme las reglas electorales para impedir que esto suceda, por lo cual
la práctica de los “chapulines”,
se mantiene legalmente vigente. Aunque existe en la legislación de Baja
California la prohibición al respecto, el caso de Jorge Hank Rhon ha
convertido a dicha ley en vigente pero obsoleta, pues el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación le concedió en el 2007
contender por la gubernatura de ese estado pese a que el Tribunal
Electoral local se lo había prohibido pues era alcalde de Tijuana.
Por eso el argumento de quienes lo hacen, como el diputado con
licencia Blas Rubio Lara, que busca una diputación federal por el PRI, o
Fernando González Sánchez, quien dejó la Subsecretaría federal de
Educación Pública para ser senador por Sinaloa, termina en la
autodefensa de que no incurren en ningún acto ilegal.
Arturo Santamaría Gómez, catedrático de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS), puntualiza que es interesante ver cómo lo que hoy se da
en llamar “chapulines” en política, era algo mucho menos común en el
régimen clásico del PRI: “El presidencialismo autoritario decidía quién
se iba a uno u otro lugar; normalmente hacía esos cambios el presidente
de la República o el hombre poderoso de cada región, pero una vez que
habían concluido, casi siempre, esos cargos”.
Esta deformación de la democracia ocurre principalmente cuando empezó
a debilitarse el régimen priista, pero sobre todo a partir de la
alternancia es que se generaliza, se pierde la disciplina, las largas
militancias y se recurre a empresarios para que sean candidatos ante el
desgaste de la clase política, e incluso, empiezan a “piratearse”
candidatos o los militantes rompen la disciplina ante la ausencia de un
eje en el mando y se pasan a otros partidos y esto se desorganiza
totalmente, añade el investigador de tiempo completo.
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