silenciar a periodistas de contralínea

CUANDO SE DICE QUE MÉXICO ES EL BAGDAD DE LOS PERIODISTAS no es una frase que se dice nomás porque sí, no, es un hecho que las garantías individuales de los profesionales de la información cada día valen menos. Hoy por la mañana en el programa de Carmen Aristegui la periodista conversó con Miguel Badillo, director de la revista Contralínea sobre su detención el pasado viernes por policías bancarios, cuando éstos no cuentan con las facultades para detener a nadie.

El comunicador señaló que hubo una serie de anomalías en su aprehensión, por ejemplo: que cuando los uniformados lo interceptaron, cerca de su domicilio, le pidieron que les mostrará su permiso de circulación. Luego un policía se subió a su vehículo y le dijo que era un operativo a lo que Miguel Badillo replico que la Policía Bancaria ni tenía facultades de realizar esa clase de acciones ni podían cerrarle el paso con la patrulla. En ese momento los seudo agentes le mostraron un documento donde al parecer venía una orden de presentación.

Así que se lo llevaron ante en Ministerio Público, pero, consigna el periodista, la sede de las autoridades judiciales quedaba al otro lado de donde lo llevaban los uniformados, quienes en todo momento bajaban de las unidades en que iban [al parecer dos] y se tomaban fotografías.
El informador dice que cuando se comunicó vía telefónica con su defensor legal y le explicó que quiénes lo habían detenido y que lo llevaban rumbo a Cuernavaca, fue cuando los agentes entonces dieron la media vuelta y lo llevaron ante el Ministerio Público. Ahora está libre, pero "no existe la orden de aprehensión", asegura.

Luego Carmen Aristegui cedió el micrófono a Ana Lilia Pérez, reportera de Contralínea, y quien dijo que se encuentra escondida desde el viernes pasado por temor a ser detenida. Ante el auditorio señaló que desde hace 16 meses vive amenazada, acosada, vigilada y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario y presidente del consejo de administración de las 80 empresas del consorcio Zeta Gas, "quien me demandó por daño moral después de que publiqué dos entrevistas que él mismo me concedió y luego de que rechacé todos los sobornos que me hizo. Me ofreció viajes, dinero en efectivo".

Ana Lilia Pérez explicó que la molestía del empresario es porque publica información que eZaragoza mismo dio y que avaló su publicación: “El me dijo que en el sexenio de Fox el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibía en sus oficinas para ayudarle en sus negocios, y que a cambio, él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República".

La reportera dijo el domingo pasado en un enlace telefónico realizado en el Hemiciclo a Juárez que Zaragoza "me contó cómo los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de ductos mucho antes de que se hablara de una reforma energética. Me detalló cómo sobornaba a alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitieran instalar sus plantas de gas en lugares prohibidos... El acoso en contra mía se recrudeció en febrero pasado, cuando investigué y publiqué en la revista los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, en su dualidad de funcionario público y empresario privado. Cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos en contra mía”.

Mientras se resuelve el oscuro caso no queda otra más que cerrar filas entre los periodistas. No sólo los narcotraficantes silencian a los comunicadores que hablan en contra de la Industria del Crimen Organizado [integrado por militares, policías y políticos], ahora también salen al paso los empresarios.