Un gobierno sin argumentos

Un presidente hace de su gabinete un espejo de sí mismo. El jefe impone un estilo que, tarde o temprano, se convierte en sello de equipo. El gabinete de Enrique Peña Nieto es un gabinete sin argumentos. El gobierno impulsa un par de reformas relevantes y no hay quien salga a la plaza pública a defenderlas. Tan pronto como se anuncian las iniciativas de reforma, emprenden la retirada sus promotores. Son los enemigos de las reformas quienes ocupan el espacio público, mientras los representantes del gobierno se ocultan.

Oficialmente existe un Secretario de Energía. Al parecer, no está vacante la dirección de Petróleos Mexicanos. Pero ninguno de esos funcionarios ha dado la batalla pública por la reforma que propone el gobierno. Entiendo que deben tener mucho trabajo. Imagino que su agenda estará repleta de reuniones y ceremonias; que leerán documentos y dictarán sus instrucciones. No sugiero que estén rascándose la barriga mientras se esconden. Lo que percibo es que en el trajín de su semana no hay espacio para exponer públicamente las razones de la reforma que ha propuesto el presidente. Quienes ocupan el debate con argumentos—sean convincentes o no—son los enemigos de la reforma. A ellos se les puede escuchar en el radio y la televisión, se les puede ver convocando a manifestaciones públicas de repudio, se les lee en manifiestos y declaraciones. Mientras tanto, el gobierno se hace escuchar con anuncios de radio y de televisión. La imaginación discursiva se reduce a la producción de comerciales. Nada más. El gobierno federal no tiene argumentos pero tiene una agencia de publicidad.

No es muy distinto lo que puede percibirse en otras reformas de la administración. El Secretario de Educación fue invisible durante la fase legislativa de la reforma a la docencia. Al Secretario de Hacienda, alguna vez ubicuo y lúcido, apenas se le escucha para mostrar disposición de diálogo, pero no para sostener las razones detrás de su propuesta fiscal. La disonancia del concierto público proviene fundamentalmente de esta vacante. Se esperaría del gobierno una argumentación que sostenga la lógica de sus reformas y una respuesta que se haga cargo de las críticas. No puede haber una auténtica deliberación pública cuando uno de los agentes principales de la decisión carece de determinación polémica. Ése es precisamente el nervio ausente en esta administración: disposición para discutir, energía para defender en público lo que se impulsa en la política palaciega.

Lo que trasmite este gobierno es la exuberancia del lugar común. Escúchese al Secretario de Gobernación, uno de los pocos funcionarios del gobierno federal que da la cara constantemente. Da la cara sí: pero nunca encuentra la palabra. Será difícil descifrar la dicción del hidalguense, es un reto seguir el hilo de sus frases, es imposible encontrar una idea bajo el torrente de los tópicos. Las dificultades expresivas del Secretario de Gobernación no me parecen triviales: son el símbolo de un gobierno que carece de recursos para comunicarse públicamente, a través de la razón. Se comunica con imágenes prefabricadas, no con ideas, con argumentos, con datos. ¿Puede hablarse de un gobierno reformista que es incapaz de articular las razones de su reforma? La administración priista ha confiado que sí. Su cálculo ha sido que no es necesaria la persuasión colectiva sino que es suficiente la negociación cupular.

Puede verse el Pacto por México desde esa óptica: el escondite de un gobierno que no sabe por qué quiere lo que quiere. El Pacto por México le ofreció a los priistas el retorno de la política palaciega, esa política que se hace en oficinas cerradas, que se teje en negociaciones secretas. Nueva política para regresar a la más antigua. El Pacto fue una camisa hecha a la medida de las debilidades discursivas del gobierno peñista. Una mesa fuera del Congreso donde el gobierno puede “operar políticamente”, como lo llaman, sin necesidad de dar razones públicas de los actos públicos. Una excusa también para rehuir la confrontación de ideas e intereses. Bajo la sábana del consenso no debe asomarse ninguna idea desafiante, es decir, ninguna idea.

La democracia puede entenderse como un complejo proceso deliberativo, es decir, un régimen exigente no solamente con la legalidad sino también con la argumentación. El gobierno de Peña Nieto podrá haber entendido la consecuencia del pluralismo, pero no comprende las exigencias de la deliberación pública. Acepta la aritmética democrática pero no comprende el imperativo de la reflexión democrática. Sabe que tiene que negociar pero desprecia el deber de argumentar. Exigir esas razones públicas no es prurito intelectual: la torpeza expresiva terminará siendo ineficacia. Ya lo está siendo.

Zarpar y navegar

La coalición reformista superó un escollo importante. Las elecciones pudieron haber sido la estocada de muerte de esa extraña alianza política que se constituyó al arranque del gobierno. No lo aniquilaron porque cada fuerza política pudo colgarse medallas del voto; porque nadie perdió todo, porque nadie ganó todo. A pesar de los cambios en el calendario, las elecciones siguen siendo la coartada periódica del desacuerdo. Si bien es evidente que las elecciones regionales reflejan procesos locales, aquéllas son usadas una y otra vez como pieza del tablero nacional. El azar puso la moneda electoral en sintonía con los intereses de frágil pacto reformista. Puede decirse que ha ganado tiempo pero no que haya vencido sus obstáculos.

El Pacto por México pudo aprovechar oportunidades que parecen imposibles de estabilizar en el tiempo. Invento imaginativo, el Pacto no es solución duradera. La primera ventaja del Pacto fue la sorpresa. En noviembre de 2012 nadie imaginaba la confluencia de las tres principales fuerzas políticas en un programa ambicioso y, a la vez, concreto. Las fuerzas coaligadas actuaron con rapidez y tino. Acertaron en la secuencia de las reformas y fueron capaces de mostrar, muy pronto, los frutos de su acuerdo. Los opositores no tuvieron tiempo de organizarse para la protesta. El pacto conformó un grupo compacto de negociadores que enfrentó adversarios débiles, dispersos y distraídos. Aún dentro de los propios partidos, el pacto pudo imponerse por la velocidad con la que se puso en pie. El vocabulario empleado entonces fue revelador: cambios para la recuperación de la rectoría del Estado. La expresión no era vacía: reflejaba la convicción de la clase política de que los intereses privados necesitaban ser acotados y que sólo a las fuerzas democráticamente representativas correspondía dictar la política pública.

La coalición reformista enfrenta retos nuevos. Ya no queda sorpresa en el Pacto; los opositores han tenido ya tiempo para organizarse y diseñar una estrategia de resistencia; las coincidencias constitucionales tienen que descender a la legislación secundaria. La prisa del impulso inicial ha desaparecido. Si hace unos meses se podía percibir el ímpetu de reformas que se sucedían velozmente, ahora vemos lentitud, vacilación. Si antes era notable la cohesión de un grupo compacto que conducía las deliberaciones en el Congreso, hoy se aprecia nuevamente la complejidad de la negociación parlamentaria. Si antes los grupos afectados por las reformas eran tomados por sorpresa por la determinación de la coalición reformista, ahora los vemos nuevamente librando la batalla por la preservación del status quo.

Las contrariedades del Pacto son, en realidad, las contrariedades del gobierno de Peña Nieto. Difícilmente puede negarse que su barco zarpó bien. Sorprendentemente bien. Pudo librarse de los viejos anclajes, se deshizo con agilidad de algunos fardos del pasado y se alejó rápidamente del puerto. Algunos celebraron que, como ya se había apartado del muelle en el que atracaba, había llegado al destino. No: apenas levó anclas. Pero, por mucho que celebren la prensa extranjera y sus publicistas nacionales, no ha llegado a ningún lado. Vale insistir, las reformas que ha permitido el Pacto por México no son en realidad, reformas. Son, más bien, fundamentos de reformas. No cuestiono que sean buenas plataformas. Digo que son eso: tarimas. No ha habido aún una reforma educativa: tuvimos buena prerreforma educativa.

En esa materia, como en las otras, lo que sigue pendiente es lo complejo: el detalle del que depende el efecto de las reformas tan anunciadas. El panorama del presente es ya distinto al de diciembre del 2012. Los adversarios de la reforma educativa han cerrado filas, mientras sus promotores han perdido sentido de urgencia y dudan. La coalición reformista muestra sus grietas y el tiempo para el acuerdo se agota. Y el Pacto por México sigue siendo el gancho del que cuelga, no solamente la imagen, sino también la estrategia del gobierno federal. ¿Qué será la administración de Peña Nieto cuando, tarde o temprano, ese contrato sucumba? Su naturaleza es evidentemente transitoria: tarde o temprano los partidos se distanciarán y el pacto morirá. ¿Se prepara el gobierno federal para lo inevitable? ¿Nos ofrece un barco a la deriva?

El gobierno de Peña Nieto encontró una estrategia inteligente para salir del muelle. No es claro que tenga un plan de navegación. Al parecer, sigue atado a una única hoja de ruta que mostraba la secuencia de pasos para salir del puerto… no para llegar al destino. El plan para desatracar el gobierno fue exitoso pero es ya insuficiente. Y sin embargo, el gobierno no parece tener más estrategia que soltar amarras. Zarpar no es navegar.