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domingo, 24 de agosto de 2008

Descarta Cárdenas participar en entrega de propuesta del FAP

El líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas manifestó su apoyo a la propuesta de reforma energética del Frente Amplio Progresista (FAP), pero aclaró que no participará en la entrega física de hará mañana el PRD al Senado.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que tomó la decisión de no participar en la entrega "por considerar que es una función inherente de los legisladores de mi partido".

En un comunicado, reiteró su compromiso de seguir impulsando desde su actividad diaria, que la propuesta se conozca y reciba el apoyo de la mayoría de los mexicanos.

Previo a la marcha que efectuarán este lunes integrantes del PRD del Monumento a la Revolución al palacio de Xicoténcatl, aseguró que el conjunto de iniciativas de reforma energética representa el esfuerzo de muchos mexicanos comprometidos con el país.

"Hemos venido trabajando en construir una propuesta que, desde nuestro punto de vista, nos pondrá en el camino para darle viabilidad a este sector tan importante para el desarrollo de México", subrayó Cárdenas.

Intelectuales, técnicos y especialistas entregaron este domingo a los coordinadores legislativos de los partidos del Trabajo (PT), PRD y Convergencia, los cuales integran el FAP, la propuesta ciudadana integral para la reforma energética.

sábado, 23 de agosto de 2008

Venezuela volverá a negociar la expropiación de la filial de Cemex.

El Gobierno venezolano ha anunciado este viernes que el próximo lunes retomará las negociaciones con la cementera mexicana Cemex para llegar "al precio final de compra en el marco de la mayor cordialidad". La empresa mexicana, fabricante de la mitad del cemento de Venezuela fue expropiada por el Gobierno del presidente Chávez esta semana luego de que no se llegara a un acuerdo de compra venta.

Ramón Carrizales, el vicepresidente venezolano, ha adelantado que esperan a un "nuevo equipo negociador" de Cemex que llegará a la capital venezolana el próximo jueves para instalar una "comisión de transición". El anuncio se ha dado tras la reunión de Carrizalez con el embajador mexicano en Venezuela, Jesús Mario Chacón.

Las autoridades venezolanas han revelado que Cemex pedía unos 1.300 millones de dólares por sus activos en Venezuela, cifra que, según sus cálculos, triplica los "400 millones de dólares" que vale la empresa.

Horas antes, el mandatario venezolano, Hugo Chávez, acusó a la directiva de la cementera mexicana de haberse comportado de forma "irrespetuosa" durante las negociaciones para la adquisición amistosa de la mayoría de las acciones de la empresa por parte del Estado.

El embajador Chacón afirmó que con el encuentro entre ambas partes están subrayando "las buenas relaciones existentes" entre ambos países, aunque reiteró que su Gobierno "debe defender los intereses de empresas mexicanas".

La expropiación sigue vigente

Carrizalez ha aclarado que el decreto de expropiación firmado este martes "aún está vigente", pero que establece 60 días "para negociar" con la cementera. El vicepresidente venezolano ha resaltado que Cemex ha dicho que no van "a tribunales internacionales".

El pasado martes elementos de la policía militarizada tomaron las instalaciones de Cemex, luego de finalizar el plazo para llegar a un acuerdo en las negociaciones. No obstante, Venezuela pudo hacerse con la mayoría de las acciones de las cementeras Holcim y Lafarge por un total de 819 millones de dólares (554 millones de euros).

Este miércoles, Cemex había anunciado que presentaría una demanda ante el Centro Internacional para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra de la confiscación de sus bienes por parte del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.

La filial venezolana de Cemex, con quince plantas en el país, controla la mitad de la producción cementera de Venezuela, mientras que el restante 50 por ciento estaba en manos de Lafarge y Holcim. Cemex, una de las principales cementeras del mundo, opera en más de 50 países con ventas anuales promedio de 15.000 millones de dólares.

viernes, 22 de agosto de 2008

El gran acuerdo contra la delincuencia.

- El Acuerdo Nacional por la Seguridad implica a todos los poderes del Estado.

- El Gobierno federal se compromete, entre otros puntos, a poner en marcha un plan contra el lavado de dinero, establecer un documento nacional de identidad, reformar los centros de formación de la policía federal, fijar un programa de recompensas, crear una base nacional de datos de teléfonos móviles y construir dos penales de máxima seguridad con áreas para secuestradores. El plazo: entre seis meses y tres años.

- El Congreso deberá impulsar en el próximo periodo de sesiones una ley antisecuestros que obligue al cumplimiento íntegro de las penas, y otra ley contra la venta de drogas. También deberá acelerar la reforma judicial que dará paso al sistema acusatorio. Se aprobarán para 2009 unos presupuestos históricos en materia de seguridad.

- El Poder Judicial dispondrá de un plazo de entre seis meses y un año para nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado, con salarios y protección acordes al riesgo, y para establecer la rotación permanente de los administradores de justicia.

- Los Gobiernosde los 32 Estados y el Distrito Federal tendrán hasta dos años para crear y formar unidades antisecuestros, depurar sus policías, homologar las leyes en materia penal y construir diez nuevas cárceles.

Todos estos acuerdos ya una vez puestos en mesa entre el periodo de 1995 y 2001 con la misma iniciativa de aquellos tiempos, y dando un tiempo para su cumplimiento, no mas engaños, no mas promesas que estaran en palabrerios, ayer vimos las instituciones haciendo el mejor acto de fotografia para la prensa que en años anteriores ya no se ve presente, si hay alguno de ellos que logre cumplir las leyes existentes que no se justifique con estos circos y obras de teatro.


México lanza una ofensiva inédita contra el narcotráfico y los secuestros.

Construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. Reforma judicial para que los secuestradores cumplan las penas íntegras. Nombramiento de jueces especializados. Creación de una base nacional de teléfonos móviles. Estas son algunos de las medidas incluidas en el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, que ayer fue suscrito por todos los poderes en México: Gobierno federal, autoridades de los Estados y municipios, legisladores y jueces.

El acuerdo, redactado por el Gobierno del conservador Felipe Calderón, quiere comprometer a todas las instancias y coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, que tiene contra las cuerdas a la sociedad mexicana.

Los objetivos del pacto, al que se han sumado partidos, medios de comunicación y organizaciones empresariales y ciudadanas, son el combate a los secuestradores y los narcotraficantes, la limpieza de los corruptos, cuerpos policiales y el fin de la impunidad.

El acuerdo consta de 23 medidas que afectan a cada poder. Así, el Gobierno federal se compromete, entre otras cosas, a fijar una estrategia contra el lavado de dinero, a construir dos penales de alta seguridad con áreas especiales para secuestradores, a unificar las bases de datos de teléfonos móviles, a instaurar un programa de recompensas y a establecer un documento nacional de identidad. También renovará las academias de la policía federal.

Al Congreso le corresponde dictar una ley antisecuestros y reformar la legislación para impedir que los secuestradores se beneficien de la reducción de condenas. El Poder Judicial deberá nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado y rotar permanentemente a los titulares de juzgados. Los Gobiernos estatales, por su parte, deberán construir nuevas cárceles, crear unidades contra el secuestro, homologar las leyes en materia penal y depurar los cuerpos policiales.

El acuerdo también prevé que una instancia ciudadana monitoree el cumplimiento de los compromisos, para los que se ha fijado un plazo máximo de tres años. El Congreso aprobará para 2009 un presupuesto histórico en materia de seguridad.

México enfrenta una situación crítica derivada de la violencia y la inseguridad. Las batallas entre bandas del narcotráfico siembran de muertos los pueblos y ciudades. Se han registrado más de 2.700 asesinatos en lo que va de 2008, incluidos los de unos 300 policías. Pero lo que ha hecho saltar las alarmas sociales son los secuestros, que han aumentado en un 40% entre 2004 y 2007. El secuestro y asesinato, a manos de agentes policiales, de un niño de 14 años, hijo de un empresario que había pagado un cuantioso rescate, ha colmado la paciencia de la sociedad. Las empresas de seguros indican que en promedio se denuncian dos secuestros al día, pero recuentos extraoficiales indican que la cifra puede triplicarse con los no denunciados y los llamados secuestros exprés (que duran unas cuantas horas).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que México enfrenta "un problema de dimensiones mayores, principalmente por la manera en que operan los servicios de seguridad pública", con una impunidad que alcanza el 99% de los delitos. El próximo sábado, 14 organizaciones civiles, a las que se han sumado sindicatos y patronal, han convocado una marcha para protestar contra el crimen organizado y exigir a las autoridades que se cumplan todos los acuerdos alcanzados.

jueves, 21 de agosto de 2008

Un diagnóstico preocupante

El secretario (ministro) de Seguridad Pública, Genaro García Luna ha reconocido que los delitos han incrementado un 8.6% en 2007, el primer año de gobierno de Felipe Calderón. Las cifras de secuestros también se encuentran al alza. Han pasado de 540 plagios denunciados en 2002 a 785 el año pasado. No obstante, varios organismos privados de seguridad calculan que esta cifra es tres veces mayor, pues la mayoría de los plagios no son avisados a la policía.

El 55.9% de los policías en México cuentan con la educación básica. Tan solo el 15.6% de los agentes cuenta con educación universitaria. Sus salarios van desde los 6.000 pesos mensuales, hasta los 12.000 pesos.

El Gobierno mexicano ofrece un 'mea culpa' por la inseguridad en el país.

México ha vivido este jueves una reunión sin precedentes en materia de seguridad pública. Una ola de indignación provocada por el asesinato en junio pasado de Fernando Martí, un joven de 14 años, a manos de los policías que lo plagiaron ha servido para que esta tarde distintas autoridades del país se reunieran en el Palacio Nacional, sede del Gobierno de Felipe Calderón, en busca de un acuerdo para frenar una de las lacras que asuelan el país: la inseguridad.

El ¡ya basta! que la sociedad mexicana lleva años clamando ha calado en los políticos, que desde hace semanas llevan anunciando medidas para tratar de paliar el sentimiento de impunidad, corrupción y violencia que se tiene en México, exacerbado por el asesinato de Fernando, hijo de un empresario que pago entre 300.000 y cuatro millones de euros por el rescate de su hijo, y que recuperó sin vida dentro del maletero de un coche.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad ha sido adoptado por los gobernadores de los 32 Estados, los encargados de seguridad y prevención del delito del gabinete de Calderón, representantes del poder legislativo, el titular de la Suprema Corte de Justicia y miembros de colectivos ciudadanos de lucha contra la delincuencia.

Compromisos adoptados

Entre los más de 70 compromiso signados se encuentra el depuramiento de las fuerzas policiales - cuyo costo será de 1.500 millones de pesos mensuales (100.000 euros)-, una estrategia antisecuestro, nuevos centros penitenciarios con módulos especiales para plagiarios y un sistema de ubicación en tiempo real de los teléfonos móviles usados por los secuestradores.

Sin embargo, el momento más intenso de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que ha durado más de tres horas, ha sido la intervención de Alejandro Martí, el padre del niño plagiado y asesinado. "Señores, si piensan que el listón es muy alto, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, ¡renuncien!, pero no sigan ocupando las oficina de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada, que eso también es corrupción", ha señalado el empresario en un tono directo.

A pesar de que Martí no se encontraba sentado a la amplia mesa con forma de herradura, sus palabras han desatado aplausos y emocionado a varios de los que acudieron a la sala, según ha informado el diario El Universal. "El país está hoy en una crisis de seguridad", ha continuado Martí, "yo perdí a mi hijo, estoy seguro que esta desgracia hizo que México ganara uno", puntualizó.

El gobernador de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, del izquierdista PRD ha pedido la palabra tras la intervención del padre de Fernando Martí, y ha ofrecido su cargo si no logra mejorar la situación de la seguridad tras los acuerdos firmados. "Yo sí te acepto el reto" , ha respondido Ebrard al empresario. "Si no podemos o no sabemos, debemos renunciar. Debemos de cumplir los compromisos, y si no que se proceda la revocación del mandato".

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